Publicado en: http://elbuho.pe/2011/05/29/vandalismo-y-caos/
El diálogo ya se veía condenado al fracaso. Desde que comenzó la protesta, hace veinte días, los pobladores establecieron que no retrocederían hasta que el gobierno anule todas las concesiones mineras en la zona sur de Puno. Y así ha sido. Inútil fue la presencia de una Comisión de alto nivel; aunque desde el viernes, un pequeño resquicio de luz parece asomarse. El sabado Las autoridades y dirigentes aymaras, exceptuado Walter Aduviri, llegaron a una serie de acuerdo entre ello las creacion de una Reserva Paisajistica en el Cerro Kaphia. la suspeción por doce meses de la concesiones minera en las provincias de Puno, Yunguyo, El Collao y Chucuito y la suspencion de las actividades del Proyecto Minero Santa Ana por doce meses y la consulta previa antes de la etapa de beneficio. Estos acuerdos logrados con la Presidencia del Consejo de Ministros, fueron desconocido por un sector de la población de la provincia de Chucuito liderados por Aduviri, quien ha anunciado una tregua de siete dias a fin de garantizar el proceso electoral del próximo 5 de Junio. Dos dias despues esa población retornaria a sus protestas.
La Comisión que llegó inicialmente sin poder de decisión, sólo a recoger reclamos, logró el viernes que el Ejecutivo declare intangible el cerro Khapia, considerado un Apu por la población de Yunguyo. Los manifestantes de este distrito emprendieron el camino de regreso a sus casas y dejaron la protesta.
Pero quedan pendientes dos demandas principales de la protesta: que el Gobierno Central anule la concesión al proyecto minero Santa Ana (Huacaullani-Chucuito); y que suspenda toda concesión minera o petrolera en la zona sur de la región Puno.
Los dirigentes aymaras que lideran las protestas – que han congregado a más de 4 mil manifestantes en Puno desde hace varios días- han decretado una tregua de fin de semana.
VIOLENCIA
La noche del jueves, cuando las tratativas del gobierno con los dirigentes no llegaban a ninguna conclusión, las protestas llegaron a su punto más crítico. Los manifestantes sembraron caos en la capital de la región Puno.
Se produjo el ataque a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), de la Contraloría, la Gobernatura, el almacén de Aduanas y otras entidades públicas y privadas. Lo mismo sucedió con Sunat y Migraciones en el distrito de Desaguadero.
Los manifestantes quemaron, destruyeron y saquearon todo lo que pudieron. La madrugada del viernes, el ataque a las dependencias públicas no tuvo contemplación, ocasionando la pérdida de importante documentación y daños materiales y de infraestructura, cuyo valor sobrepasaría los 30 millones de soles.
ATAQUE Y SAQUEO
Los aymaras iniciaron el feroz ataque en la Oficina Zonal de Sunat, ubicada en el Jirón Arequipa. Ahí destrozaron las puertas metálicas para ingresar. Una vez en el interior, sacaron toda la documentación existente, computadoras, escritorios, sillas, televisores y otros materiales logísticos para luego quemarlos. Incluso una caja fuerte fue vulnerada. A su paso por el pasaje Lima, lanzaron piedras a las diferentes entidades bancarias, rompiendo lunas y cajeros. Atacaron también la sucursal de la tienda de artefactos Curazao, que fue saqueada.
Luego se trasladaron hasta la sede de la Gobernatura de Puno (jirón Tacna). Tras romper todos los vidrios y puertas ingresaron a su interior y extrajeron variada documentación. Mientras que otros quemaban una camionera de esta institución y un vehículo woslwagen. Ambos vehículos quedaron inservibles.
Los enardecidos manifestantes avanzaron hasta la sede de la Contraloría de la República (jirón Arequipa). El accionar fue el mismo que el perpetrado en la sede de Sunat. Aquí, la documentación incinerada corresponde a investigaciones que desarrolla este ente fiscalizador a las diversas autoridades en cese o en ejercicio por actos de corrupción.
Una de las instalaciones que resultó más dañada fue el almacén de la Superintendencia de Aduanas, ubicado en el Barrio Santa Rosa. Los aymaras quebraron las puertas para poder ingresar y quemar todo cuanto pudieron. En el interior de este almacén se hallaban, por lo menos 40 vehículos, en situación de decomiso por actividades de contrabando, que terminaron consumidos por las lenguas de fuego, que alcanzaron varios metros de altura ardiendo por más de 20 horas.
Otra suerte fue la que corrieron gran cantidad de alimentos de primera necesidad, artefactos eléctricos, ropa nueva y de segundo uso, artefactos pirotécnicos y balones de gas, entre otros insumos, decomisados por Aduanas por ser de contrabando. Estos artículos fueron sustraídos por los vecinos del lugar que aprovecharon el pánico para llevarse cuanto pudieron cargar, incluso 10 diez horas después del ataque.
Mientras esto ocurría, ni las Fuerzas Policiales ni las militares se acercaron por el siniestrado almacén.
VIAJAN A LIMA
Tras los deplorables sucesos, las principales autoridades de Puno, entre ellos los alcaldes provinciales y distritales de Yunguyo, Chucuito-Juli, El Collao y Puno, el presidente regional, consejeros regionales y representantes de la zona sur, viajaron hasta la capital.
Reunidos con la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, fueron llamados a retomar el diálogo, que permitiese el retorno de los aymaras a sus lugares de procedencia, la apertura de vías de comunicación y la frontera con Bolivia, que permanece cerrada por más de 18 días.
En la reunión, el Ejecutivo declaró intangible el cerro Khapia en Yunguyo. Esto calmaría un poco la tensión, pero no acabaría con la protesta que, según los dirigentes, continuará el lunes. Las carreteras permanecen bloqueadas.
EL DIÁLOGO FRUSTRADO
La segunda semana de protesta, la Comisión de alto nivel (CAN), integrada por viceministros de los sectores involucrados, ya había fracaso dos veces y tuvo que detener el dialogo argumentando falta de seguridad. Y es que las protestas, lejos de menguar, recrudecían con cada día que pasaba.
La noche del miércoles 25 de mayo, se retomaron las reuniones entre la CAN y representantes de Puno, en el Cuartel Bolognesi de la ciudad de Juliaca, gracias a la mediación del entonces Comandante General de la Cuarta Brigada de Montaña, Wilmer Andía Benavides, quien garantizó la seguridad para tal evento, antecedido por un paro general de 48 horas que detuvo toda actividad en la ciudad de Puno desde el martes 24 de mayo.
En un principio se llegó a un consenso para trabajar dos normas legales que pusieran punto final al conflicto social en talleres separados. Este trabajo se extendió hasta la madrugada del jueves 26 de mayo. Pero, tras leerse lo avanzado, las partes no llegaron a entendimiento alguno.
En ese momento, se desató la ira, el llanto y el desconcierto de los pobladores que esperaban que el Gobierno accediese prohibir las concesiones mineras en la región. Se retiraron del lugar y regresaron a la ciudad de Puno, para tomar los radicales acuerdos de protesta que terminaron en los desmanes antes narrados.
La CAN, por su parte, retornó a Lima, para informar a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), que el diálogo no pudo prosperar por la intransigencia de los dirigentes. “Los dirigentes continúan exigiendo que el Poder Ejecutivo expida una norma cancelando las concesiones mineras en el sur de Puno. Estos pedidos, como les explicamos, son ilegales”, informó entre otros aspectos el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala Soldevilla. La Comisión también informó a los altos mandos de la Fuerzas Armadas sobre las acciones de Andía Benavides, acusándolo de incitar a la población y de no brindar seguridad a la CAN.
En los medios de prensa, Andía ha sido vinculado con Ollanta Humala, por haber sido compañeros de armas.
Estas acusaciones causaron la indignación de los aymaras. Cabe recordar, que el Ministerio de Defensa emitió la Resolución Suprema 191-2011 que ordenaba la intervención de la FFAA para garantizar la prestación de servicios básicos en Puno; pero que Andía Benavides respondió afirmando que no atacaría a la población por más que se lo ordenasen sus superiores.
PROCESO ELECTORAL EN RIESGO
Los últimos acontecimientos han puesto en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la región Puno, pues el reparto de la credenciales de los miembros de mesa no se ha llevado a cabo y el material electoral sigue almacenado en la sede la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) por seguridad, pues existe la amenaza hecha por los aymaras de que serán destruidos.
El diálogo ya se veía condenado al fracaso. Desde que comenzó la protesta, hace veinte días, los pobladores establecieron que no retrocederían hasta que el gobierno anule todas las concesiones mineras en la zona sur de Puno. Y así ha sido. Inútil fue la presencia de una Comisión de alto nivel; aunque desde el viernes, un pequeño resquicio de luz parece asomarse. El sabado Las autoridades y dirigentes aymaras, exceptuado Walter Aduviri, llegaron a una serie de acuerdo entre ello las creacion de una Reserva Paisajistica en el Cerro Kaphia. la suspeción por doce meses de la concesiones minera en las provincias de Puno, Yunguyo, El Collao y Chucuito y la suspencion de las actividades del Proyecto Minero Santa Ana por doce meses y la consulta previa antes de la etapa de beneficio. Estos acuerdos logrados con la Presidencia del Consejo de Ministros, fueron desconocido por un sector de la población de la provincia de Chucuito liderados por Aduviri, quien ha anunciado una tregua de siete dias a fin de garantizar el proceso electoral del próximo 5 de Junio. Dos dias despues esa población retornaria a sus protestas.
La Comisión que llegó inicialmente sin poder de decisión, sólo a recoger reclamos, logró el viernes que el Ejecutivo declare intangible el cerro Khapia, considerado un Apu por la población de Yunguyo. Los manifestantes de este distrito emprendieron el camino de regreso a sus casas y dejaron la protesta.
Pero quedan pendientes dos demandas principales de la protesta: que el Gobierno Central anule la concesión al proyecto minero Santa Ana (Huacaullani-Chucuito); y que suspenda toda concesión minera o petrolera en la zona sur de la región Puno.
Los dirigentes aymaras que lideran las protestas – que han congregado a más de 4 mil manifestantes en Puno desde hace varios días- han decretado una tregua de fin de semana.
VIOLENCIA
La noche del jueves, cuando las tratativas del gobierno con los dirigentes no llegaban a ninguna conclusión, las protestas llegaron a su punto más crítico. Los manifestantes sembraron caos en la capital de la región Puno.
Se produjo el ataque a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), de la Contraloría, la Gobernatura, el almacén de Aduanas y otras entidades públicas y privadas. Lo mismo sucedió con Sunat y Migraciones en el distrito de Desaguadero.
Los manifestantes quemaron, destruyeron y saquearon todo lo que pudieron. La madrugada del viernes, el ataque a las dependencias públicas no tuvo contemplación, ocasionando la pérdida de importante documentación y daños materiales y de infraestructura, cuyo valor sobrepasaría los 30 millones de soles.
Marcha. Más de 4 mil pobladores de otras localidades llegaron a la capital de región, para protestar.
Los aymaras iniciaron el feroz ataque en la Oficina Zonal de Sunat, ubicada en el Jirón Arequipa. Ahí destrozaron las puertas metálicas para ingresar. Una vez en el interior, sacaron toda la documentación existente, computadoras, escritorios, sillas, televisores y otros materiales logísticos para luego quemarlos. Incluso una caja fuerte fue vulnerada. A su paso por el pasaje Lima, lanzaron piedras a las diferentes entidades bancarias, rompiendo lunas y cajeros. Atacaron también la sucursal de la tienda de artefactos Curazao, que fue saqueada.
Luego se trasladaron hasta la sede de la Gobernatura de Puno (jirón Tacna). Tras romper todos los vidrios y puertas ingresaron a su interior y extrajeron variada documentación. Mientras que otros quemaban una camionera de esta institución y un vehículo woslwagen. Ambos vehículos quedaron inservibles.
Los enardecidos manifestantes avanzaron hasta la sede de la Contraloría de la República (jirón Arequipa). El accionar fue el mismo que el perpetrado en la sede de Sunat. Aquí, la documentación incinerada corresponde a investigaciones que desarrolla este ente fiscalizador a las diversas autoridades en cese o en ejercicio por actos de corrupción.
Una de las instalaciones que resultó más dañada fue el almacén de la Superintendencia de Aduanas, ubicado en el Barrio Santa Rosa. Los aymaras quebraron las puertas para poder ingresar y quemar todo cuanto pudieron. En el interior de este almacén se hallaban, por lo menos 40 vehículos, en situación de decomiso por actividades de contrabando, que terminaron consumidos por las lenguas de fuego, que alcanzaron varios metros de altura ardiendo por más de 20 horas.
Gobernatura. Vehículos, enseres y documentos fueron quemados.
Mientras esto ocurría, ni las Fuerzas Policiales ni las militares se acercaron por el siniestrado almacén.
VIAJAN A LIMA
Tras los deplorables sucesos, las principales autoridades de Puno, entre ellos los alcaldes provinciales y distritales de Yunguyo, Chucuito-Juli, El Collao y Puno, el presidente regional, consejeros regionales y representantes de la zona sur, viajaron hasta la capital.
Reunidos con la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, fueron llamados a retomar el diálogo, que permitiese el retorno de los aymaras a sus lugares de procedencia, la apertura de vías de comunicación y la frontera con Bolivia, que permanece cerrada por más de 18 días.
En la reunión, el Ejecutivo declaró intangible el cerro Khapia en Yunguyo. Esto calmaría un poco la tensión, pero no acabaría con la protesta que, según los dirigentes, continuará el lunes. Las carreteras permanecen bloqueadas.
EL DIÁLOGO FRUSTRADO
La segunda semana de protesta, la Comisión de alto nivel (CAN), integrada por viceministros de los sectores involucrados, ya había fracaso dos veces y tuvo que detener el dialogo argumentando falta de seguridad. Y es que las protestas, lejos de menguar, recrudecían con cada día que pasaba.
La noche del miércoles 25 de mayo, se retomaron las reuniones entre la CAN y representantes de Puno, en el Cuartel Bolognesi de la ciudad de Juliaca, gracias a la mediación del entonces Comandante General de la Cuarta Brigada de Montaña, Wilmer Andía Benavides, quien garantizó la seguridad para tal evento, antecedido por un paro general de 48 horas que detuvo toda actividad en la ciudad de Puno desde el martes 24 de mayo.
Pobladores. Pernoctaron varios días en plazas y calles de Puno.
En ese momento, se desató la ira, el llanto y el desconcierto de los pobladores que esperaban que el Gobierno accediese prohibir las concesiones mineras en la región. Se retiraron del lugar y regresaron a la ciudad de Puno, para tomar los radicales acuerdos de protesta que terminaron en los desmanes antes narrados.
La CAN, por su parte, retornó a Lima, para informar a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), que el diálogo no pudo prosperar por la intransigencia de los dirigentes. “Los dirigentes continúan exigiendo que el Poder Ejecutivo expida una norma cancelando las concesiones mineras en el sur de Puno. Estos pedidos, como les explicamos, son ilegales”, informó entre otros aspectos el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala Soldevilla. La Comisión también informó a los altos mandos de la Fuerzas Armadas sobre las acciones de Andía Benavides, acusándolo de incitar a la población y de no brindar seguridad a la CAN.
En los medios de prensa, Andía ha sido vinculado con Ollanta Humala, por haber sido compañeros de armas.
Estas acusaciones causaron la indignación de los aymaras. Cabe recordar, que el Ministerio de Defensa emitió la Resolución Suprema 191-2011 que ordenaba la intervención de la FFAA para garantizar la prestación de servicios básicos en Puno; pero que Andía Benavides respondió afirmando que no atacaría a la población por más que se lo ordenasen sus superiores.
PROCESO ELECTORAL EN RIESGO
Los últimos acontecimientos han puesto en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la región Puno, pues el reparto de la credenciales de los miembros de mesa no se ha llevado a cabo y el material electoral sigue almacenado en la sede la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) por seguridad, pues existe la amenaza hecha por los aymaras de que serán destruidos.
DATOS
- En Puno existen más 784 mil 979 electores hábiles
- Representa el 4% por ciento de la población electoral a nivel nacional
- Deben ser instaladas 4 mil 131 mesas de sufragio en 199 locales en toda la región.
- El candidato presidencial de Gana Perú alcanzó más del 60 por ciento de votos válidos, en la primera vuelta electoral.
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