Mientras tanto miles de hectáreas con corroídas por minería informal
Al pasar por el distrito Ananea, provincia de San Antonio de Putina, es inevitable apreciar el deplorable espectáculo de degradación medio ambiental; miles de hectáreas de tierra cultivable son corroídas sin contemplación alguna por los mineros informales que operan en la zona haciendo uso de enormes maquinarias pesadas que arrancan el oro del subsuelo.
El martes 23 de Agosto el Congreso de la Republica aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas (basada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de 1991) luego se siete años de debate y constante reclamo por parte de las poblaciones indígenas del Perú que ven atentada la integridad de sus territorios por actividades extractivas de diversa índole; las protestas más sonadas son sin duda las desarrolladas en Bagua con los resultados conocidos y los últimos conflictos sociales protagonizados por pobladores aymara y quechuas de la región Puno que le cegaron la vida a seis pobladores.
Puno y la consulta previa
Se espera que esta Ley y su reglamentación pongan fin a los múltiples reclamos de los pueblos originarios indígenas; pero que implicancias tendrá esta Ley en una de las regiones en la que mayor actividad minera, formal e informal, se desarrolla. El texto de la novísima ley se estipula que el Estado se halla obligado a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un acuerdo entre la población y la empresa que busca invertir en territorio determinado, de lograrse un acuerdo, entonces será vinculante y de cumplimiento obligatorio; en caso contrario, esto no suceda será el Estado quien deberá tomar la decisión sobre la concesión futura.
Recapitulando, en la región existen una serie de conflictos originados por problemas ambientales, en el año 2008 salió a la luz el megaproyecto brasileño para construcción de una central hidroeléctrica en el tripartito de la regiones Puno, Madre de Dios y Cuzco. La Central Hidroeléctrica del Inambari pretendería ser la más grande del Perú y la quinta en America Latina, implicando una inversión de 4 millones 847 mil dólares. Esta central tendría 2000 MW de potencia instalada. Su construcción se pretendia en el marco del convenio firmado entre los gobiernos del Perú y Brasil en abril del 2009, para la construcción de seis hidroeléctricas en el Perú. Mientras tanto el impacto social y medio ambiental sólo de la central de Inambari sería considerable: la evacuación de entre cuatro mil y ocho mil personas a causa de la inundación de 378 km2, por lo cual 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de Dios deberán ser reubicados y compensados; la deforestación de unas 308 mil hectáreas, sobre todo a causa de la migración de la población en búsqueda de trabajo y negocios; la destrucción de la biodiversidad del área y la severa alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba. Además serán afectados 161 kms de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa. Luego se sendas protestas y tras la culminación de la concesión temporal a la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egasur) los Estudios de Impacto Ambiental fueron suspendidos mediante la emisión la “La RM Nº 265-2011-MEM/DM .La resolución señala que no se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la consulta previa a la población, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y ahora de la Ley de Consulta Previa.
En el mes de febrero, el tristemente célebre proyecto Santa Ana para la extracción de plata en parte del territorio del distrito de Huacullani (provincia de Chucuito-Juli), desató uno de los más críticos y extensos conflictos sociales vividos en la región en los últimos años. Protesta que movilizó a miles de pobladores aymaras hasta la capital de la región, produciéndose una serie de desmanes y saqueos a las instituciones públicas y privadas que ocasionó la pérdida de millones de soles, sobre todo por el saqueo e incendio de los almacenes de la Aduanas en Puno y en la frontera peruano boliviano (Desaguadero); afectando al sector comercio, transporte y turismo. Las protestas tuvieron respuesta con la movilización de medio millar de aymaras a la capital de la Republica culminando con la anulación de la concesión a la empresa minera Minig Break Company y ordenando el cese de sus trabajos de exploración y la suspensión de las concesiones minera en la región por un periodo de tres años.
Sin embargo, las protestas de los pobladores de la provincia de Azángaro que culminaron con la muerte de seis personas tras un enfrentamiento con fuerzas combinadas de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su intento por tomar el aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca y la promesa de la erradicación de la minería informal. La razón de su protesta fue la paulatina contaminación de la cuenca del rio Ramis por parte de mineros informales de asentamientos minero de Ananea en provincia de San Antonio de Putina.
Mineros informales
Si bien es cierto, el Estado refuerza los mecanismos de control a la extracción minera formal y hace más severas las normas ambientales para las grandes empresas; el tema de la minería informal es el más complicado en la región Puno, para muestra un votos. A cuatro horas de la ciudad capital se halla el distrito de Ananea, pueblo emergente entre escombros y relaves mineros, en la que la presencia de maquinaria pesada de diversa índole está presente en cada calle de joven pueblo. Una hora más halla el centro poblado de La Rinconada conocido por la deficiente calidad de vida de sus pobladores dedicados a la extracción de material aurífero a tajo abierto o en socavones. En Ananea se explota oro "aluvional". Para ello se remueve la tierra con cargadores frontales y volquetes, se pasa el material por agua a presión y se le aplica mercurio para poder recuperar el oro. Pero no es necesario adentrase en la cordillera para apreciar las consecuencias de la minería informal, a diez minutos de Ananea, esto es más que evidente y en ello cabe la pregunta ¿y los informales a quien le consultaran?.
