Otro No a la Mineria

Proyecto Santa Ana se localiza en derogada zona reservada Aymara-Lupaca


El proyecto Santa Ana, que ha originado el enfrentamiento entre los pobladores del distrito de Huacullani y las autoridades regionales, se hallaría situado dentro de lo que alguna vez se denomino la Zona Reservada Ayamara Lupaca, área natural protegida cuya creación fue rechazada por esta misma población que ahora se muestra hostil ante la actividad minera, dándose paso a una serie de contradicciones en sus intereses y la confrontación entre los sectores que apoyan la actividad minera y la ecología.

En el año 2009 muchos ambientalistas de la región recibían desconcertados la noticia de la derogatoria del Decreto Supremo 002-96-AG que creaba la zona reservada Aymara-Lupaca establecida en primero de marzo de 1996. Esta se situaba entre las provincias de Chucuito (distritos de Huacullani, kellullo, Pizacoma) y Yunguyo con un área de 300 mil hectáreas. Su objetivo de creación era la protección y manejo de la flora y fauna silvestres y la conservación de su belleza paisajística así como la investigación científica haciéndose intangible para la actividad minera. En estos territorios es donde se localiza la zona de operaciones y de afectación del proyecto minero Santa Ana.

La derogatoria de este decreto supremo, que protegía el habitad silvestres de ambas provincias fue exigida por la misma población y liderados por los mismos dirigentes que ahora buscan la declaración de la intangibilidad de la región a las actividades entre estos aparece el nombre de Walter Aduviri Calizaya y muchos se ha especulado sobre esta coincidencia a la que el presidente regional ha llamado interés personales y políticos.

“El decreto supremo 015-2009-AG del Ministerio del Ambiente establecía la creación del Área de Conservación Regional Vilcacota Maure (Región) y desafectaba la zona reservada Aymara Lupaca. El Estado busca proteger muestras de ecosistemas significativas, como no fue posible en Puno, se busco similares características y se hallo muy cerca pero en la región, quitándosele a la región la oportunidad de contar con tres áreas naturales protegías y por demás presupuestos para su conservación”, explicaba Víctor Hugo Apaza Vargas jefe de la Reserva Nacional del Titicaca. “Por la naturaleza de las ANPs en este sector no podría desarrollar actividades mineras”, acotaba.

Santa Ana
El proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito, Juli, en el distrito de Huacullani se encuentra sobre los 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar, y cuya zona de influencia se encuentra en los centros poblados de Ingenio, Cóndor Ancocahua y Ancomarca, lugar donde se pretende extraer plata. Este yacimiento de argento cuyas reservas son de 63.2 millones de onzas de plata, tiene, según los estudios de exploración que realiza la minera canadiense responsable del proyecto Bear Creek Company, una vida útil de once años. Anualmente estima una producción de 4.6 millones de onzas de plata al año. Según estimaciones de la propia empresa el promedio anual de canon y regalías mineras que produciría esta producción superarían los 15 millones de soles, que beneficiarían al municipio distrital de la zona, al provincial y al gobierno regional.
Movilizaciones.

Para el 30 de marzo los pobladores del distrito de Huacullani y Desaguadero han anunciado una movilización hasta la ciudad de Puno, a fin de presionar al presidente regional para que promulgue la Ordenanza Regional Nº 05-2001-CR-GRP que declara intangible de actividades mineras y de hidrocarburos, documento que no será firmado por el titular regional según asevero desde antes de su aprobación el pleno del Consejo Regional.
Mauricio Rodríguez Rodríguez, presidente de la región Puno, indicaba que el tema de las concesiones mineras atañe directamente al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en especial el proyecto Santa Ana, por esta considerado como mediana minería, no correspondiéndole al gobierno regional legislar en este aspecto por no se de su competencia. “Si ocurriera algún hecho negativo, la responsabilidad va a ser del MEM y no de nosotros. Además algunos, malos dirigentes que están mal informando a la población, siendo su único interés político, pues en estos momentos nos encontramos en pleno proceso electoral y hay pues quienes pretenden ganar votos con este tipo de actitudes”, manifestaba la autoridad regional.

“De nosotros va a partir una propuesta, que si esta dentro de nuestra competencia y es normar el tema de la minería responsable, que las mineras asuman un compromiso serio de no contaminar el medio ambiente y trabajar por el desarrollo de las comunidades. La tecnología ha avanzado enormemente en el tema minero y eso debe aplicarse a fin de evitar afectar la salud de la población y sobre todo evitar el daño al medio ambiente. Pero esa ordenanza no la vamos a firmar”, expresaba Rodríguez Rodríguez.

Rechazan Ordenanza
Además los estudiantes de las facultades de Ingeniería Geológica, Metalurgia y de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno sostuvieron una reunión sus autoridades el pasado 23 marzo, en la que acordaron marchar en contra de la OR- Nº 05-2001-CR-GRP. Pues según sus representantes, de promulgarse este documento se estaría atentando contra el futuro laboral de cientos de estudiantes que vienen formándose profesionalmente para laborar en este tipo de empresas. Y que Puno, es una región eminentemente minera.

Por su parte Yoni Lescano Ancieta, congresista por Puno declaraba a medio de comunicación local que la Ordenanza Regional debería ir, por el lado de que el Estado no debe otorgar concesiones en lugares que afecte a la población “Es decir donde vea evidencias de peligro ambiental y social en el caso de Inambari por ejemplo. Sería bueno hacer agregados a la ordenanza para que sea válida, porque así como está se va a declarar anticonstitucional, porque ello no es competencia del Gobierno Regional. Yo de antemano respaldaría la ordenanza porque ya son demasiados los problemas medio ambientales en la región”.

Consejeros
Al respecto Pio Napoleón Vilca Ramos, consejero por la provincia de San Román y promotor de esta ordenanza, manifestó que el presidente regional tiene un plazo de 10 diez días para promulgar la ordenanza y este plazo se cumpliría el lunes 28 de marzo y de no hacerlo estaría dando la espalda al pueblo que lo eligió. “Creo que le lavaron el cerebro en Toronto y al parecer regreso con los bolsillos llenos”, aseveraba.
Asimismo, el actual delegado del Consejo Regional Juan José Alvares Delgado se mostro extrañado y decepcionado por la negativa del presidente regional. “El presidente regional, parece que está personalizando este problema, el tema es contra la minería que afecta a la región y contamina, esta ordenanza no es en su contra”, sentenciaba.